La oposición dice que Defensora del Pueblo debe renunciar

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Amilcar Barral, diputado por Unidad Demócrata (UD), pidió la renuncia inmediata de Nadia Cruz al cargo de Defensora del Pueblo, esta funcionaria incurre en usurpación de funciones al no existir una ley de prorroga emitida por la Asamblea Legislativa, motivo por el cual en las últimas horas se presentó un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional.

La designación de Nadia Cruz en el cargo de Defensora del Pueblo de forma interina, después de la renuncia de Miguel Tezanos Pinto, y su posterior gestión estuvieron llenas de irregularidades por su marcada línea en defensa y constante favorecimiento del gobierno del MAS, así como con los movimientos sociales que comparten línea ideológica con este partido.

El cargo en el que Cruz debería permanecer solamente por tres meses, no fue prorrogado por la Asamblea Legislativa, controlada por el masismo. Desde ese momento y hasta la fecha, se desempeña en un puesto que no le corresponde, pues no está respaldada por una ley que prorrogue sus funciones emitida por el Legislativo. En este sentido el diputado Amílcar Barral presentó un recurso de nulidad, para que sea el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) quien determine la legalidad de sus funciones.

“Ella está usurpando funciones, está haciendo ampliación de su mandato de manera ilegal. Lo peor es que está utilizando la Defensoría del Pueblo como casa de campaña del Movimiento al Socialismo. A cometido delitos, ya hemos pedido también que se congelen las cuentas del Defensor del Pueblo de manera inmediata”, señaló Barral, a tiempo de informar que ya se hizo efectiva la presentación del recurso contra las funciones de Cruz.

Por su parte, en contacto con medios de comunicación, Cruz trató de justificar sus funciones actuales argumentando que su interinato culmina cuando salga una nueva convocatoria para el cargo de Defensor del Pueblo. Indicó que las acciones de inconstitucionalidad presentadas por su persona en defensa de la libertad de expresión y en contra de la ley de que permite el uso de transgénicos en la agroindustria incomodaron al gobierno y generaron las reacciones y pedidos de renuncia.

Barral también informó que juntamente al recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional se presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público en la que se acusa a Cruz por asociación delictuosa y omisión de denuncia en base a su inacción en los últimos actos de violencia ocurridos en diferentes lugares del país y promovidos por el Movimiento al Socialismo en los que se puso en riesgo la salud de la población.

El hecho más bochornoso en el que la Defensoría no emitió ningún criterio en defensa de la población fue cuando la Asamblea Legislativa promulgó la ley que difiere las elecciones generales y da un plazo de 90 días al Órgano Electoral para su realización, sin tomar en cuenta que se calcula que la pandemia por el coronavirus alcanzaría su nivel más alto de contagios justo en las fechas en que se tiene previsto el día de votación. Este acto se constituye en una vulneración del derecho a la salud de los bolivianos.

También están las acciones agresivas en contra de personal en salud, ataques y asaltos a instalaciones policiales, destrucción ambulancias entre otras actitudes llevadas a cabo por militantes masistas en distintas regiones del pais, dirigidos por su líder desde Argentina en los que la Defensoría brilló por su ausencia. (El Diario)

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