Bolivia arde por incendios provocados

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El fuego continúa extendiéndose en el país, hasta ayer se registraron 57 incendios forestales activos en 21 municipios, según reporte de autoridades nacionales. Ante esta situación, Rino Marcelo Bruno, voluntario que apoya a mitigar el fuego y brinda apoyo logístico a las familias afectadas, dijo a EL DIARIO que las quemas son provocadas por asentamientos ilegales de interculturales que provienen del Chapare, Yapacani hasta de San Julián.

Asimismo, señaló que “hasta que no se detenga a los responsables, la situación no cambiará”. Indicó que lamentablemente la gente que provoca los incendios en el lugar no son humildes, sino son personas traídas ilegalmente de otras zonas y llegan al lugar con tractores para hacer parcelas y luego ingresan al monte.

“Prenden fuego a propósito en la zona norte del parque Noel Kempff Mercado” los que se asientan ilegalmente en estos lugares, mientras que los guardaparques y los comunarios hacen los esfuerzos por controlar las llamas.

Enfatizó que los que provocan los incendios son personas con dinero y traficantes de tierra, quienes llegaron a la zona de forma ilegal y no tienen personería jurídica, sin embargo, destruyen la naturaleza en la Chiquitania, que habría sido promovida por la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo.

La ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinckert, informó ayer que en todo el país se registran 57 incendios forestales activos. Del total hasta la fecha, 43 están en Santa Cruz, 11 en Chuquisaca y tres en Beni.

“Hasta ahora hemos tenido una pérdida de 1.393.000 hectáreas, cifra menor comparada a la del año pasado cuando se perdió más de 4,5 millones de hectáreas”, informó en una conferencia de prensa.

Agregó que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), dependiente de su ministerio, inició 452 procesos administrativos por quemas y 20 procesos penales, por los cuales hay cinco detenidos y dos personas con sentencia.

Recordó que la ABT amplió su resolución administrativa para la prohibición de toda actividad de quema en el territorio nacional bajo pena de cárcel.

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