Se acusa a los exministros de Morales de armar el caso de Characayo

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La  confrontación interna  en el Movimiento Al Socialismo (MAS) recrudece  tras los resultados de las subnacionales, la aprehensión del exministro de Desarrollo Rural,  Edwin Characayo,  las denuncias de supuesto  espionaje y  de parcialización en las investigaciones sobre casos de corrupción. 

En la pugna salen a relucir acusaciones públicas, cuestionamientos,  pedidos de “evaluación” a los máximos dirigentes del partido azul y hasta la exigencia de expulsión de quienes llevaron a la derrota a ese frente en El Alto,  otrora bastión  azul.

En medio de la confrontación   se acusa a los exministros de Evo Morales de armar el caso de Characayo,  estar en contra de líderes de organizaciones sociales y de la renovación de la cúpula dirigencial. También hay duros cuestionamientos a dos ministros del presidente  Luis Arce (de Obras públicas y de Gobierno), y hasta hay voces que hablan de  la reactivación de procesos de supuesta corrupción  de gestiones pasadas, en contra de los propios masistas.  

Desde los interculturales,   la organización que  avaló  a Characayo como autoridad, indican  que el caso soborno para sanear tierras en el municipio de San Ramón, en Santa Cruz,  fue “armado”,  y apuntan  a los exministros de  Morales, los que supuestamente -arguyeron desde ese sector social-  no desean que “los campesinos gobiernen”.

“Para nosotros, como organizaciones sociales del departamento de La Paz, es algo planificado”, expresó el ejecutivo departamental de los interculturales de La Paz, Elmer Contreras. 

Al ser consultados sobre quiénes serían los que “planificaron” el caso contra Characayo, Contreras manifestó: “Los exministros del anterior gobierno, del compañero Evo Morales y ustedes saben quiénes son. No quieren que los campesinos gobiernen. La gente hoy en día hemos decidido gobernarnos a nosotros mismos y no nos quieren dejar.  Los campesinos hemos estudiado y podemos gobernar en las estructuras del Estado”.

Asimismo, señaló que éste es el segundo ministro de los interculturales que es alejado del Ejecutivo. Al respecto, el primer secretario de los interculturales, Adalid Carvajal, enfatizó que no se permitirá que la cartera sea ocupada por otra persona ajena a esa organización. “El nuevo ministro o ministra en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es y será de esta familia intercultural”, remarcó.

 Por su parte, Henry Nina, ex secretario ejecutivo de los interculturales,  manifestó: “La lucha ahora es, hay que ser sincero,  (entre) los antiguos y los nuevos”. También indicó que en su opinión el caso contra Characayo fue “planificado” y pidió investigar esta denuncia profundamente. 

Por su parte, el  ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, negó que se haya tendido una “trampa” contra el exministro de Desarrollo Rural, cuando se desplegó un operativo para su aprehensión.

 “Desde luego que no es ninguna trampa, hemos seguido todos los actos y hemos investigado y demostrado que recibió 20.000 dólares en mano propia y debe ser investigado”, señaló.

Al respecto,  Rolando Cuéllar, diputado del MAS,  sostuvo  que el Ministro de Gobierno no actúa con imparcialidad respecto a otras denuncias de corrupción en otras carteras de Estado.

“El Ministro de Gobierno debería actuar de la misma manera con el ministro de Obras Públicas (Édgar Montaño), porque es más grave que el delito de Characayo. Con la denuncia de 36 vuelos del aeropuerto del Chapare y la denuncia de una coima del 3% por la construcción del Tren Metropolitano es increíble que el ministro no aprehenda a Montaño”, manifestó.

El legislador llamó a Del Castillo “dictadorcillo” y lo acusó de intento de espionaje. “Qué está proponiendo este ministro dictadorcillo, lo dejó ‘chiquitingo’ a (Arturo) Murillo. Quiere intervenir las llamadas telefónicas de todos los bolivianos. Está violando el artículo 21 de la Constitución Política del Estado(…).  Las llamadas de espionaje que está haciendo este señor, está violando la Constitución,  la privacidad. En cuatro meses se ha vuelto un dictadorcillo” dijo y pidió la  destitución de la autoridad.

Cuéllar anunció también que  solicitará la reactivación del caso “tractores” contra Hugo Salvatierra, padre de la exsenadora Adriana Salvatierra. “Los actos de corrupción no prescriben”, apuntó.

Desde otro flanco se expresa el descontento por los resultados de las elecciones subnacionales y piden la expulsión de dirigentes del MAS en El Alto; además, solicitan   que se haga  una  evaluación  sobre el trabajo realizado incluso de Evo Morales. 

“La dirección regional quiere la cabeza de estos individuos sí o sí; si no,  vamos a ir a buscar la cabeza de los dirigentes. El señor Daniel Ramos es uno de los autores intelectuales que llevó a la derrota en la ciudad de El Alto,  ahí también tenemos en complicidad al señor Omar Arce, Edelio Choque y por qué no decir, el señor (Rodolfo) Machaca,  de la nacional. Queremos la expulsión inmediata”, expresó Marco Antonio Poma, dirigente de la regional del MAS en El Alto.

Mientras que Segundina Flores, exejecutiva de las Bartolinas,  indicó que se debe incluir a Morales en la evaluación. “Los nueve dirigentes del MAS, de los nueve departamentos, tienen que ser evaluados (…), también Morales”, manifestó.

Ante las posiciones críticas al interior del MAS, el exministro Juan Ramón Quintana   señaló que hablar de prescindir de los exconsejeros del MAS y del expresidente  Morales en la conducción de la sigla, es querer jubilar a sus generales. “¿Qué ejército en el mundo prescinde de sus mejores soldados? ¿Qué ejército en el mundo prescinde de sus generales?”, cuestionó. (Página Siete)

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