Romero: Bolivia está amenazada por un proceso de colombianización y ser un narcoestado
El exministro de Gobierno Carlos Romero advirtió que Bolivia está amenazada por un proceso de “colombianización” y de convertirse en un “narcoestado”, prueba de ello es que hay zonas donde la presencia estatal es casi imposible o ha sido vetada como es el caso en Las Petas, Tuna y Florida.
Romero, hombre fuerte del gobierno de Evo Morales, estuvo al frente del Ministerio de Gobierno en dos ocasiones 2012-2014 y 2015-2019. El último año de su gestión las fuerzas de seguridad policial se amotinaron durante la crisis política.
Ahora desde lejos de la administración gubernamental y en la actividad particular es crítico a la política antidroga del gubernamental Movimiento al Socialismo a la cabeza de Luis Arce y David Choquehuanca.
Sostiene que desde 2020 y en la actualidad las prácticas del narcotráfico se han mantenido y la situación es más crítica, es más, asegura que “Bolivia está amenazada por un proceso de colombianización, y de convertirse en un narcoestado”.
Aún no lo es, pero está latente el riesgo y el país está en ese camino, insiste, detalla que el narcoestado como cualquier industria criminal se instala y expande donde encuentra condiciones para hacerlo como está ocurriendo en el país.
“En el país, en los últimos tres años, se han debilitado muchos dispositivos institucionales en la Policía, en el sistema político, en el sistema de Justicia, que le han brindado (al narcotráfico) las posibilidades de instalarse y expandirse”, sostiene Romero en una entrevista con la ANF.
La exautoridad describe que un narcoestado se construye paralelamente al estado, pero es un estado oscuro, peligroso, mafioso. Es un estado que controla territorios, desaloja al estado de determinados territorios, controla poblaciones locales; la población local depende de la actividad laboral y económica que genera el narcotraficante; además, articula la criminalidad y la regula.
Cuando estas características están sucediendo en un Estado, es que se puede tratar de un “narcoestado” y “Bolivia está en esa etapa peligrosa de colombianización”, insistió. Colombia atravesó en su historia etapas críticas con altos índices de violencia producto del narcotráfico.
El ilícito de las drogas es una actividad “poderosa” que moviliza aproximadamente 400 mil millones de dólares en el mundo. América Latina es la región que representa el 12% de la población del mundo y el 42% de la violencia y eso está vinculado fundamentalmente con el narcotráfico.
Alertó que el narcotráfico está “avanzando en la constitución de “grupos paramilitares” vinculados al avasallamiento de tierras, pero también a otros ilícitos como el tráfico de fauna silvestre, el tráfico de oro, de madera, es decir, que “está empezando a regular el comportamiento criminal y generar una economía criminal en zonas estratégicas del país”.
En su opinión esas zonas estratégicas son, por ejemplo, la Amazonía en el norte y en el sur, en la región chiquitana, en Guarayos, en el norte cruceño, en Potosí en la frontera con Chile, en la región del chaco con rutas que se dirigen a Paraguay y Argentina; Chapare es una zona donde hay actividad vinculada a las drogas. Es un tema de “irradiación”.
Precisó que territorialmente hay cuatro zonas fronterizas críticas, Bolpebra (Bolivia, Perú y Brasil), Guayaramerín, el norte de Potosí, la frontera Santa Cruz-Brasil, San Matías, Puerto Suárez, Puerto Quijarro, donde confluye el accionar de las organizaciones criminales con grupos internacionales.
Pero hay otras zonas donde se hace cobertura al narcotráfico, por ejemplo, en la provincia Marbán en Beni, en el trópico de Cochabamba, en Guarayos, parte de tierras bajas del este de Concepción, San Ignacio de Velasco, las Petas, el punto más crítico es San Matías, Florida en la chiquitanía cruceña “es una zona crítica”, el Tuna “donde el ingreso de las entidades estatales está vetado”.
“Hay tres lugares, Tuna, Las Petas y Florida donde prácticamente la presencia de grupos narcotraficantes se ha multiplicado y tengo información que ya es muy difícil moverse en esas zonas”, detalló a esta agencia de noticias.
De esa manera, llega a la conclusión que, si bien antes Bolivia era un país de tránsito, “ahora se está convirtiendo en un país productor”, a raíz del “descontrol” en la circulación de precursores, el incremento de los cultivos de coca, contrabando de coca peruana, constitución de grupos armados, entre otros.
Protección al narcotráfico
El exministro Romero ratificó que desde las más altas autoridades del Gobierno se protege al narcotráfico, asimismo, dijo que esta protección se extiende desde los policías, fiscales y jueces.
Cuestionó que abogados que defendieron a personas vinculadas a la 1008 ahora ocupen cargos –por ejemplo- en el Ministerio Público y en la Justicia, porque este hecho puede constituirse en la punta de protección a narcotraficantes.
Dijo que de esos casos hay en las fiscalías de Beni, Santa Cruz y La Paz, “resulta que esos fiscales antes eran abogados defensores de personas inclusive con detención por delitos de narcotráfico y han salido libres. (…) Hay una protección institucional”.
De la misma manera, recordó el caso del entonces magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, quien fue mencionado como parte de la estructura vinculada al narcotráfico en la red de Pedro Montenegro, pese al informe de la FELCN, el proceso no avanzó y posteriormente fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional.
“Nosotros hicimos la denuncia, que involucraba a dos magistrados, pero el proceso no avanzó, seguro fue declarado prescrito. Personas con muchas denuncias (…) siempre suben hacia arriba”.
Romero sostiene que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico ha sido “desestructurada desinstitucionalizada, ha sido invadida, ha sido pisoteada por manos civiles desde la época de Yerko Núñez, Arturo Murillo y actualmente se ha continuado con esa práctica”.
“Ha llegado a un momento de crisis terminal” por el debilitamiento de los dispositivos institucionales, dice en relación a la FELCN, institución llamada a luchar contra el ilícito de las drogas en el país y que desde hace muchos meses está en el foco de la tormenta con denuncias de “narcoaudios”, desaparición de cintos de kilos de droga, entre otros.
“Hay que hacer reestructuración profunda y alejar a los comprometidos con el crimen y el narcotráfico porque este puede articular a la corrupción pública”, añade.
Para la exautoridad de que “hay protección, hay protección en el Ministerio de Gobierno”, porque en su opinión existe permisibilidad en la lucha contra este delito transnacional. Asimismo, cuestionó que el presidente del Estado, Luis Arce, no se refiera a esta problemática en ninguno de sus discursos.
“No puede ser que siendo el narcotráfico un problema de estado no es un problema de administración del gobierno, sino de estado, el Presidente se mantenga al margen y no opine. No sé si el 22 de enero diga algo, en sus anteriores discursos no se ha referido al tema del narcotráfico”, observó. (ANF)
