Contrato incompleto, denuncias y silencio rodean compra de Energías para salud
Un contrato con documentación incompleta e imprecisiones técnicas, denuncias de irregularidades y el silencio de las autoridades rodean al millonario y fallido proceso de adquisición directa de equipos e insumos que el Ministerio de Energías hizo para atender la crisis sanitaria por Covid-19. Diez respiradores por 405.830 dólares eran parte de esa compra que no se concretó por “caso fortuito”.
“La empresa con la que firmamos la orden de compra nos hizo llegar una nota donde dice que le es imposible proveernos los respiradores por un problema logístico y nos pide que rescindamos el contrato (…) Ese dinero está intacto”, dijo el ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, en conferencia de prensa el 23 de junio.
Después del escándalo de los 170 respiradores españoles con sobreprecio y serios cuestionamientos por la confidencialidad en las contrataciones gubernamentales para la lucha contra el Covid-19, la presidenta Jeanine Añez aseguró que cada adquisición sería fiscalizada. “Me comprometo a seguir trabajando para equipar hospitales con transparencia. Haremos que cada compra sea revisada a detalle por el público en las redes”, afirmó.
Dicha promesa no se cumple. El pasado 21 de junio un nuevo escándalo tomó los titulares de la prensa. Un avión que trasladaba insumos de bioseguridad fue impedido de llegar al país; dentro de él –según las denuncias- estaba la compra de Energías.
Aunque el ministro Guzmán aseguró que en la nave no estaba el lote que había gestionado esa cartera, no aclaró todas las dudas. El Viceministerio de Transparencia indaga el proceso fallido.
En el proceso de contratación del Sicoes solo figuran seis documentos, todos imprecisos, incompletos y publicados dos meses después de la compra.
“La Orden de Compra 402/2020 (10 respiradores) no contiene multas por incumplimiento, ni las causales por las que se podría resolver o dejar sin efecto; sin embargo, en nota MEN-01132/ VMEEA/PEVD/PERII-0140/2020 del 19 de mayo de 2020 se manifiesta la ‘… aceptación de dejar sin efecto orden de compra 402/2020…’, bajo el argumento de un caso fortuito presentado por la empresa, que no se especifica”, señaló un experto en licitaciones.
Página Siete solicitó insistentemente la documentación completa de la compra, pero ésta no es accesible. Desde Energías se explica que el tema ha asido aclarado y lo considera cerrado, pese a que la ley y el compromiso presidencial de transparencia señalan que esta información debe ser pública.
En el Sicoes, el proceso de adquisición -realizado en abril- fue publicado el 2 de junio. Está registrado bajo el título de “Provisión y dotación de material de bioseguridad y de primeros auxilios para el personal del PERII y PEVD para afrontar la crisis del Covid 19-marzo 2020”. El CUCE asignado es el 20-0085-00-1042107-0-E.
Aunque es un solo proceso, la contratación ya cuenta con dos órdenes de compra: la 401 y la 402. Ambas fueron adjudicadas a la empresa Provtec de forma directa y los recursos salieron del Programa de Electrificación Rural, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La primera orden data del 9 de abril y consta de cinco ítems: 800 gafas protectoras, 2.000 máscaras KN95, 722 mamelucos, 800 protectores faciales y 800 guantes no estériles por 736.770 bolivianos. Un acta de recepción, firmada por tres responsables del proceso, da cuenta de que los insumos fueron entregados el 13 de abril, más de un mes antes del polémico vuelo.
La orden 402 contempla un solo ítem. Éste se refiere a la adquisición de 10 respiradores, cuyo costo total asciende a 405.830 dólares (2.784.000 bolivianos). Es decir que el precio de cada equipo era 40.583 dólares (278.400 bolivianos). El plazo de entrega estaba fijado en 15 días calendario.
La orden data del 22 de abril. No se adjuntan especificaciones técnicas, propuestas, procedencia u otros datos para comparar los precios con otros equipos en el mercado. Pero no es lo único que falta, el documento no especifica si hay multas por incumplimiento, ni las causales para un rescindimiento.
Pero, tal como explicó Guzmán, esta compra fue “dejada sin efecto” el 19 de mayo mediante un acta firmada por el viceministro de Electricidad, José Luis Peña. Se argumenta “caso fortuito presentado por la empresa”.
