Caricaturistas y humoristas gráficos preocupados ante peligro de censura por parte del Gobierno
Caricaturistas y humoristas gráficos de diferentes medios impresos y páginas digitales independientes se mostraron preocupados ante el peligro de censura que implica el Decreto Supremo 3231, firmado el 7 de mayo por la presidenta Jeanine Áñez y que contempla sanciones penales para quienes “generen incertidumbre en la población”.
El sector argumenta que está siendo el más activo y frontal con la sátira y crítica a la política actual, ya que otras disciplinas como el cine, teatro y literatura están varados por la pandemia.
La norma en su artículo dos dispone: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
“¿Cómo se va a justificar que lo nuestro es sátira y no desinformación? Y dado el caso, ¿quién juzga eso, el autor, el denunciante, el público, la autoridad, un juez? ¿qué parámetros hay?”, expresa con preocupación un miembro del colectivo de dibujantes de La Envidia, que realiza publicaciones a través de su página de Facebook.
Javier Menchaca, caricaturista de OPINIÓN, cree que es una especie de “escudo” que ha formulado el Gobierno que va “contra la Convención, la Constitución que pone en grave riesgo la libertad de expresión y derecho a la información porque penaliza ésta”.
La naturaleza del humor gráfico es crítica en sí, explica David Diez, quien realiza trabajos para el Correo del Sur y El Día. “Hay un peligro latente de que si la crítica es mordaz sobre un mal procedimiento sobre el Gobierno, se puedan tomar acciones contra el medio y la persona”.
Si bien los dibujantes entienden que la norma está dirigida a “personas que utilicen las redes sociales para desinformar”, les preocupa que deje la posibilidad a sancionar trabajos que critiquen mediante el humor acciones del Gobierno.
