Presentan proyecto de ley para nacionalizar autos ‘chutos’
La diputada Concepción Ortiz del Movimiento Al Socialismo (MAS) remitió un proyecto de ley que propone una nueva nacionalización de autos chutos, en el que incluye un cobro de hasta un 50% del impuesto omitido, la última vez que se regularizó fue en junio de 2011. La legisladora afirma que la medida sugerida responde a temas sociales y económicos.
“Este proyecto lo he planteado por dos motivos, el tema social en el que hay mucha gente que ilegalmente ha adquirido esos vehículos y no fue controlado por la Aduana, como debe ser, pero lamentablemente están circulando en territorio nacional. Muchos de ellos, en las comunidades y municipios alejados son usados como transporte público, pero cuando sufren accidentes no cuentan con SOAT y nadie asume esos daños. Entonces buscamos eso, que esos autos que circulan tengan el SOAT”, afirmó a este medio la legisladora.
El otro argumento es por temas económicos, ya que el Estado recaudará mayores recursos con el pago de impuestos, mucho más cuando en el país se registra la pandemia por el coronavirus, que ocasionó que los ingresos del país desciendan; por tanto, puede servir para la lucha contra la emergencia sanitaria, continuó.
El nuevo ministro de Economía, Óscar Ortiz, anticipó ayer que analizará el tema con el Viceministerio de Política Tributaria.
“Recién he tomado posesión ahora (ayer), veré con los expertos del Viceministerio de Política Tributaria cuál sería la mejor forma de ver esta propuesta”, afirmó la autoridad en respuesta a una solicitud que hizo este medio.
Entretanto, la presidenta de la Comisión de Planificación y Economía de la Cámara de Diputados, Otilia Choque, afirmó que el proyecto 706-19 de Ley Excepcional de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores y otras Mercancías Indocumentados, fue remitido hoy a la instancia, por tanto, recién lo tratarán.
Por su parte, el diputado y miembro del Comité de Planificación de Diputados Francisco Cuéllar mencionó que ya anteriormente trataron un proyecto similar propuesto por la diputada Lidia Patty (MAS), que tiene que ver con la amnistía de autos indocumentados, pero fue rechazado.
“Por unanimidad hemos rechazado el proyecto porque no estaba fundamentado ni documentado. Aún no nos llegó la propuesta de la diputada Ortiz, que tal vez tiene mejores fundamentos y con documentación respaldada. No podemos decir que lo vamos a rechazar ya nomás, sino que tenemos que hacer su tratamiento y el análisis correspondiente”, anticipó Cuéllar.
En el proyecto de ley presentado por la diputada Ortiz, la exposición de motivos señala que entre 1994 y 2005 se aprobaron programas de regularización de autos indocumentados que ingresaron por la vía del contrabando al país.
De los cuales por 141.674 autos se llegó a recaudar más de 1.128,3 millones de bolivianos. En el documento menciona que según los análisis hechos los ingresos que se obtienen en promedio son 3.969 bolivianos por cada uno.
También hace referencia que la Ley 133 de Saneamiento Legal, promulgada en junio de 2011, establece en su artículo primero que “por única vez se autoriza un programa de saneamiento legal de vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular y diésel, así como de mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques (…)”.
No obstante, según Ortiz, el plazo de este programa vence el 7 de noviembre próximo. “La prescripción legal de la ley señala que al cabo de nueve años surge la necesidad económica y social, nuevamente, de forma excepcional, normar un nuevo proceso de nacionalización de autos indocumentados”.
De acuerdo con la proyectista, los vehículos que sean a gas natural vehicular (GNV) deben pagar una multa del 25% del tributo omitido. En el caso de autos a diésel y gasolina su multa será el 50% del tributo omitido; para los remolques y tractores hasta un 25%.
En el artículo 1 señala que este proyecto también beneficiará a la micro y pequeña empresa. “Los motorizados destinados a este sector deberán presentar la certificación original de su entidad matriz que certifique que su vehículo será nacionalizado para el uso en su actividad empresarial, bajo pena de decomiso en caso de dar diferente uso”.
Este medio de comunicación se contactó con la Conamype y la Confederación de Choferes para conocer su posición, pero no se obtuvo respuesta. (Página Siete)
