A 52 días de los comicios, el MAS aprueba leyes en combos y la mayoría inaplicables

Cuando faltan 52 días para las elecciones generales (menos de dos meses), el Movimiento Al Socialismo (MAS) aprueba leyes con premura y en combos, las que en su mayoría son inaplicables y cuestionadas porque -de acuerdo con juristas- están reñidas con la Constitución Política del Estado.

Sólo ayer, la presidenta de la Cámara de Senadores  Eva Copa  promulgó tres leyes: la de reducción excepcional de alquileres, la de donación de plasma y la de atención gratuita en clínicas privadas a pacientes con coronavirus, las  que fueron sancionadas en meses pasados por el Órgano Legislativo.

Estas normas fueron promulgadas en un momento en que el MAS pasa sus horas más críticas marcadas por dos hechos: el bloqueo de carreteras que impidió el paso de oxígeno a los centros médicos para pacientes de Covid-19, y el escándalo en el que se encuentra su jefe de campaña Evo Morales, envuelto en acusaciones de pedofilia.

“Creo que el MAS quiere impactar a través de esta suerte de lluvia de leyes para revertir la imagen negativa que ha causado el bloqueo de carreteras. Quieren neutralizar el efecto negativo, por supuesto, que han causado las denuncias de abuso sexual de Evo Morales”, afirma la analista política Érika Brockmann.

“Están extralimitándose de manera grosera en el mandato que tienen como Legislativo de transición. No pueden estar generando leyes que comprometen la estabilidad del Estado”, agrega.

Además, el MAS apura estas normas cuando faltan menos de dos meses para las elecciones generales del 18 de octubre. 

“Todo es electoralista, no hay nada de lo que están haciendo que no sea electoral. Bajo esa lógica, es parte de la estrategia electoral, para ganar votos, aprobar en tiempo récord leyes y así neutralizar el mal momento que están pasando y e impactar en el electorado”, afirma Brockmann.

Las tres leyes en el TCP

Las tres normas fueron promulgadas ayer pese a que fueron remitidas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su puesta en consulta. Según juristas, la formulación de consulta suspende el procedimiento de aprobación de una norma.

El 13 de julio, la presidenta Jeanine Añez interpuso ante el TCP una consulta previa de constitucionalidad de la Ley Excepcional de Arrendamientos (alquileres) para que se evalúe la legalidad de la norma sancionada.

En esa ocasión, la Presidenta solicitó que mientras dure la evaluación y hasta que se emita una declaración constitucional sobre la legalidad de tal normativa aprobada, se establezca como medida cautelar la suspensión del procedimiento legislativo.

El 29 de julio, el Ministerio de Salud envió al TCP para consulta el proyecto de la Ley 696, que establece medidas temporales de fomento a la cultura de donación voluntaria e informada de plasma hiperinmune de personas recuperadas de Covid-19.

Dos días después, el 31 de julio, el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario  Miguel Ángel Delgado  informó de la remisión al TCP del proyecto de ley para la atención gratuita de pacientes con coronavirus en clínicas privadas con el objetivo de establecer su constitucionalidad y respeto al Estado de Derecho.

Pero en las últimas semanas, el Legislativo, con mayoría del MAS, aprobó y sancionó otras leyes polémicas y cuestionadas por constitucionalistas, entre las que están la “ley de inmunidad retroactiva”, presentada por  Betty Yañíquez, una de las parlamentarias  radicales dentro de esa tienda política. Según expertos, ese proyecto transgrede el Código Penal, la Constitución  y hasta el Pacto de San José.

Otra norma sancionada y cuestionada fue la Ley de Estados de Excepción, que fue remitida al TCP para su consulta, porque “invade”  las competencias del Ejecutivo.

La Ley para el Control y Fiscalización de Endeudamiento Público y Donaciones, promulgada por  Copa, también fue criticada por poner “candados” al Ejecutivo en temas de financiamiento.

Otra norma polémica aprobada por el Senado fue la denominada “ley de arraigo”, con la que el MAS busca que autoridades  permanezcan en el país luego de que terminen su mandato. Esta norma fue cuestionada incluso por la ONU. (Página Siete)