Alertan que pese al avance del fuego en los bosques, poco se hace para contenerlo

En estos mismos días, en 2019, centenares de personas, entre indígenas, voluntarios, bomberos, funcionarios, guardaparques y colectivos ciudadanos luchaban por apagar los incendios en la región de la Chiquitanía. El fuego había destruido ya más de un millón de hectáreas y su avance era inminente. Hoy, la amenaza persiste, y pese a que se encuentra en la agenda mediática, la situación parece no cambiar.

“Estamos ante una situación bastante compleja como país, creo que las perspectivas a futuro no son alentadoras si hablamos de pueblos indígenas y áreas protegidas. El modelo económico que tiene sus bases en el extractivismo ha tomado mayor fuerza en la última década y eso se sustenta en numerosas normas que nos han ido conduciendo a esta situación que hoy es crítica en nuestro país”, manifiesta el líder indígena, Alex Willca, secretario de comunicación de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni Tuichi y Quiquibey que representa a 17 comunidades indígenas entre ellos Tacanas, Tsimanes, Mosetenes.

Fue en el conversatorio de “Análisis de los conflictos sociales y acciones de la ciudadanía frente a las pugnas de poder”, organizado por la Agencia de Noticias Fides (ANF), donde activistas y expertos debatieron sobre el actual escenario del agronegocio y su vinculación en los incendios forestales, las normas que promueven quemas, las perspectivas sobre la situación de los bosques en el país y las acciones que se deben asumir después de la sentencia del  Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN).

“Proporcionalmente el Beni empieza a tener más incendios que los que tuvo el año pasado. El Beni se está quemando más y lo otro que nos muestran los datos es que se está quemando en áreas protegidas, principalmente Otuquis y San Matias, Tunari, Madidi, Carrasco, etc.”, detalla el activista Pablo Solón.

Y es que en 2019, Bolivia vivió uno de los mayores desastres ambientales de la región, con más de 6 millones de hectáreas devastadas, en su mayoría en los departamentos de Beni, La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz.

Aunque las mayores pérdidas se registraron en las regiones de la Amazonía y Chiquitanía.

Si bien hoy los incendios han bajado en magnitud, hay muchas quemas que se registran en territorios indígenas y áreas protegidas. Además, la alerta crece por el incremento de focos de quema concentrados en los departamentos de Beni y Santa Cruz.

“Lo que más se está quemando en bosques es el bosque Chiquitano, seguido por el bosque Amazónico. A nivel de reservas forestales hay quemas muy fuertes en Bajo Paragua, Itenes, Guarayos, etc. Es de destacar que quemas hacia áreas protegidas y reservas forestales son muy preocupantes y habrá que ver cómo evolucionan ahora que pasó el frente frio y volvamos a temperaturas altas”, agrega Solón.

Frente a este panorama de alerta, diferentes organizaciones y sectores ciudadanos exigen que se cumpla con el reciente dictamen del TIDN que entre su veredicto principal determinó que hubo un ecocidio en 2019 y entre los responsables están el gobierno de Jeanine Áñez y la ex administración de Evo Morales.

Entre las medidas que plantea para evitar desastres similares, el TIDN determina que se deben abrogar de manera inmediata las leyes que promueven los incendios y la depredación de los bosques, incluidas las leyes transgénicas que están siendo impulsadas hoy por el gobierno de transición.

“El gobierno de Añez ha gestado políticas mucho más agresivas a favor del agro extractivismo. Se ha validado también de la promulgación de los decretos puestos por el ex gobierno. El agro negocio está con toda la arremetida política e incluso partidaria dentro de los estrados de toma de poder de decisión dentro de la administración del Estado”, establece por su parte Kiyomi Nagumo.

Un tema esencial que también se tocó en este conversatorio fue acerca del uso de semilla genéticamente modificada, que es la ruptura del tejido social que generará la apertura de los transgénicos. El desplazamiento de comunidades y pueblos indígenas e incluso la vulneración a pueblos en aislamiento voluntario.

Todo esto, sumado a la vigencia de las normas consideradas incendiarias y el impulso por la ampliación de la frontera agrícola, pone al país en un riesgo latente para que se repitan desastres ambientales como el de 2019.
“Estamos frente a la antesala de algo mayor. Si en 2019 Bolivia, entre bosques y pastizales, llegó a perder 6 millones de hectáreas no es raro que esta gestión perdamos similar o mayor cantidad de bosques. Hay preocupación al no encontrar resonancia en los distintos niveles de gobierno”, manifiesta el líder indígena Alex Villca. (ANF)