En Santa Cruz cierran filas a favor de Calvo
Luego que el Gobierno abrogó el proyecto de ley 218 y la ley 1386, en Santa Cruz se denunció que el Ejecutivo inició una “persecución política” en contra del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; mientras que el Gobierno advirtió que el dirigente tiene procesos desde 2004 y que estos no quedarán impunes.
El mismo Calvo sostuvo ayer que la mayoría de los procesos que tiene en su contra fueron iniciados entre el año pasado y esta gestión. “Eso se llama persecución política; si ustedes observan, los procesos son 13, nueve en realidad que están activos y que fueron iniciados en las gestiones 2020 y 2021 por autoridades, ministros o por algún diputado (del MAS) que se presta justamente a querer callar las demandas de un pueblo cruceño y boliviano, o para tender una cortina de humo y desprestigiar”, sostuvo.
Durante esta semana, el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que habían más de 35 juicios en contra de Calvo que habían sido iniciados en años pasados, cuando el actual cívico fue alcalde interino de Santa Cruz de la Sierra y otros de índole familiar. Para hoy se anunció que la Fiscalía citó al dirigente por un caso de presunto homicidio, a raíz de un intento de desbloqueo en Santa Rosa de la Roca, en 2020.
Al respecto, Calvo aseguró que no recibió ninguna citación, pero dijo que se defenderá de los procesos judiciales que se le instauren.
Al respecto, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, indicó que los sectores y las instituciones cruceñas no permitirán que el Gobierno lo detenga. Sostuvo que el Ejecutivo siempre perseguirá mientras haya personas que no digan lo que el MAS quiere.
Por otra parte, Creemos emitió un pronunciamiento de apoyo a Calvo, por considerar que el Gobierno impulsa una “persecución política” en su contra.
Por el contrario, desde el Gobierno, el Ministro de Justicia advirtió que no se permitirá que casos de corrupción abiertos en 2004 en contra de Calvo queden en la impunidad. Sostuvo que no es posible que haya un “pacto de impunidad” de alguna estructura judicial de Santa Cruz que haya impedido que estos procesos aún no tengan una sentencia. (El Diario)
