Ascensos de militares vulneraron 3 leyes y se extravió la lista oficial
Oficiales del servicio activo denunciaron que para el ascenso a generales de las Fuerzas Armadas (FFAA) se vulneraron tres normas: la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley Orgánica de las FFAA (LOFA) y la Ley de Administración de Personal. Afirmaron que el Comando en Jefe habilitó a los oficiales con peores calificaciones por presión política y se extravió la lista de los mejores.
“Hay un repudio general a los generales masistas recientemente ascendidos. Se violó la CPE, que en el artículo 245 (en su primera parte) dice: ‘La organización de las FFAA descansa en su jerarquía y disciplina’. Al ascender a los que no cumplen los requisitos se violó también la LOFA y al designarlos en cargos para los cuales no estaban calificados se vulneró la Ley de Administración de Personal”, sostuvo uno de los oficiales del servicio activo que pidió no dar a conocer su identidad y que presentó documentos para respaldar su denuncia.
Los principales cuestionamientos se dieron a raíz de que se dejó de lado el proceso inicial de ascenso a generales en el Ejército -según explicaron los militares- debido a que éstos fueron observados por miembros del gobierno de Luis Arce.
La promoción 1990 fue objetada sólo porque la evaluación de méritos fue hecha por miembros del Comando en Jefe de las FFAA de la gestión de la expresidenta Jeanine Añez. El comandante en jefe de ese año fue el general Sergio Orellana, ahora procesado y prófugo por el caso del supuesto golpe de Estado.
Los militares del servicio activo explicaron que en 2020 se lanzó la convocatoria para que los oficiales con 30 años de servicio (promoción 1990), en el grado de coronel, postulen al ascenso a generales. A dicho proceso se presentaron los que cumplían requisitos y tenían el mejor puntaje, quedaron fuera más de la mitad de 68 oficiales de esa promoción.
Dicho proceso concluyó con una lista de aprobados por méritos que debieron ascender al grado de general. La nómina debió ser enviada al Ejecutivo para que, a su vez, la remita al Legislativo para su aprobación.
Sin embargo, dicha lista -según los militares- quedó “extraviada”. Según los documentos a los que accedió Página Siete, para justificar la eliminación de la lista de aprobados en 2020, en el gobierno de Luis Arce en 2021, el entonces comandante en jefe de las FFAA, César Vallejos, emitió “una resolución de revisión extraordinaria” del proceso de ascensos.
“Esta Resolución Nº 120/2021, firmada por Vallejos, dio lugar a que los coroneles que no cumplían los requisitos, que tenían las peores calificaciones y no se postularon en 2020 sean tomados en cuenta. El ejemplo de todo eso es el actual jefe de Estado Mayor del Ejército, Juan José Zúñiga”, manifestó uno de los militares.
“Con una serie de argucias legales demoraron los ascensos y para darles legalidad el viernes (11 de febrero) los citaron y les entregaron los sables como si ellos fueran parte el Comando en Jefe. Esto también es responsable del actual comandante, Augusto García, quien no se opone a la destrucción de la jerarquía militar que está cometiendo este gobierno”, sostuvo el oficial.
Asimismo, el Gobierno no cumplió con la Sentencia Constitucional N° 026/2021, que establece en su parte resolutiva, punto 4, que los procesos de ascensos debieron continuar con la resolución emitida por el Tribunal Superior de las FFAA, en el caso de las promociones 1989 y 1990.
En esa lista cuestionada fueron habilitados los ahora generales Zúñiga, actual jefe de Estado Mayor, e Iván Novillo Fuentes, quienes no se presentaron a la convocatoria de 2020 y recién fueron habilitados en 2021. Novillo fue el primer comandante de la Escuela Antiimperialista promovida por el gobierno de Evo Morales.
Asimismo, los cuestionamientos se dieron para el general Álex Baldivieso, también excomandante de la Escuela Antiimperialista y actual inspector del Ejército. Otro ascenso cuestionado es el de Luis Alberto Arce, “aplazado por conductas inmorales”.
En el caso de Zúñiga, además de ocupar el puesto 48 de su promoción, se cuestionó su ascenso por tener un proceso sumario ejecutoriado, en relación al robo del dinero destinado al pago del Bono Dignidad, sancionado en 2014, cuando él era comandante de un regimiento en Viacha. Tampoco cumplió con el año de servicio en la frontera. (Página Siete)
