Subir penas a jueces y fiscales no ayuda a reforma de justicia

El investigador senior de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, Cesar Muñoz, señaló que la nueva ley en la que se establecen modificaciones al Código Penal, Código de Procedimiento Penal y al Código de Ejecución Penal, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados, para endurecer sanciones contra jueces y fiscales por el delito de prevaricato, puede generar escenarios de persecución y no ayuda en nada a la reforma de justicia.
“El proyecto de ley aprobado por Diputados que sube la pena contra jueces y fiscales por prevaricato no ayuda en nada a reformar la justicia. Al contrario, van a temer tomar decisiones que incomoden a alguien poderoso y los persigan por ello”, indicó desde su cuenta de Twitter.
Muñoz señaló que el Código Penal de Bolivia contiene una definición muy amplia del delito de prevaricato, que abre la puerta a abusos, por lo que este proyecto de ley, al elevar esta pena hasta 20 años, hace a jueces y fiscales más vulnerables a presiones externas.
Sostuvo que con esta normativa se produce un retroceso en la independencia de la justicia, ya que deja a sus administradores a merced del Gobierno, ante posibles resoluciones que no favorezcan al poder, por lo que debería ser rechazada cuando sea tratada por la Cámara de Senadores.
“Bolivia necesita jueces y fiscales independientes elegidos por sus méritos y con seguridad en el cargo, que apliquen la ley sin miedo a la reacción del gobierno de turno. El proyecto de ley retrocede, en lugar de avanzar hacia ese objetivo. El Senado lo debería rechazar”, manifestó.
La semana pasada, en sesión de Cámara de Diputados, se aprobó el proyecto de ley en el cual establecen las modificaciones al Código Penal, Código de Procedimiento Penal y al Código de Ejecución Penal y Supervisión, para endurecer con sanciones por el delito de prevaricato.

PROYECTO DE LEY
Este proyecto de ley incluye, además de los jueces, a fiscales, abogados, médicos forenses y trabajadores sociales, en lo que denominan consorcios de varios profesionales, que beneficiaban con salidas de la prisión a feminicidas, violadores e infanticidas.
“La finalidad no solamente es endurecer las penas para que otros jueces o fiscales no se atrevan a cometer estos delitos. También vamos a evitar que feminicidas, infanticidas y violadores estén libres en las calles”, manifestó la diputada Lidia Tupa, presidenta de la Comisión de Justicia Plural.
Mediante esta norma se plantea la modificación del Código Penal en su artículo 173 sobre Prevaricato, para ampliar la pena de privación de libertad hasta los 20 años para los jueces o fiscales que dictaminen resoluciones contrarias a la CPE.
En lo referido a Consorcios, las sanciones de cinco a 10 años alcanzarán a jueces, fiscales, abogados, auxiliares y ahora también aplica a magistrados, vocales, conciliadores, policías, peritos, médicos y trabajadores sociales.
En el Código de Procedimiento Penal, este proyecto establece modificaciones al artículo 231, para que los imputados por feminicidio, infanticidio y violación, no puedan gozar de otras medidas cautelares, además de establecer restricciones para los privados de libertad que soliciten la cesación de las medidas cautelares por enfermedades graves.
Esta propuesta normativa traza modificaciones al Código de Ejecución Penal y Supervisión en su artículo 93 de Enfermedades Graves y Contagiosas, estableciendo que el IDIF será la entidad encargada de realizar el dictamen médico. (El Diario)