Crisis en Perú: aumenta a siete la cifra de muertos en las protestas contra Boluarte en 24 horas

La Defensoría del Pueblo de Perú confirmó que ha aumentado a siete la cifra de fallecidos en algo más de 24 horas en los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que piden la renuncia de la nueva presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso.

«Han sido dos jornadas muy lamentables con un saldo de siete personas fallecidas (…) dos de ellas menores de edad y todos por proyectiles de armas de fuego», dijo en una entrevista al canal Epicentro TV la defensora del pueblo, Eliana Revollar.

Los enfrentamientos más violentos se están dando en el sur del país, concretamente en los departamentos de Apurímac y Arequipa.

La Dirección Regional de Salud de Apurímac detalló en un comunicado que un adolescente de 16 años con las iniciales R.P.M.L. falleció el mediodía de este lunes al presentar una herida de bala tras una protesta en Chincheros, en el departamento de Apurímac.

Durante la tarde, confirmó que se habían muerto otros dos jóvenes de 18 años, Jonathan Encino Arias y Wilfredo Lizarme.

A estas tres víctimas notificadas en las últimas horas se suma otro joven fallecido esta mañana en Chincheros, otro varón muerto en protestas en la segunda ciudad más grande del país, Arequipa, y a los dos fallecidos en la tarde de este domingo en Andahuaylas.

Además, Revollar confirmó que hay 32 civiles heridos, más 24 policías heridos y declaró que «la situación es muy tensa en el país».

«Estamos pidiendo la investigación de estos casos, que, de verdad, son muertes inútiles, porque si se tomaran decisiones oportunas esta situación no debía pasar», indicó al añadir que se necesita una solución política. «Esperamos que este gabinete pueda conducir este momento oscuro y se dé el adelanto de elecciones que la población quiere», señaló.

Las autoridades recuperan el control del aeropuerto de Arequipa «gracias a las FF.AA.»

Las autoridades peruanas recuperaron este lunes y «gracias a las Fuerzas Armadas» el control del aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad del país, que había sido tomado por manifestantes que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, dijo en el Congreso el ministro de Defensa de Perú, Alberto Otárola.

«Quiero anunciar que, gracias a las Fuerzas Armadas, hemos recuperado el aeropuerto de Arequipa en el día de hoy en una acción, no solamente de aplicación de pleno ejercicio del estado de derecho, sino también ejerciendo lo que se denomina la gestión de activos críticos nacionales», dijo Otárola entre las críticas de algunos congresistas.

Del mismo modo, el ministro del Interior, César Cervantes, confirmó este lunes al canal estatal TV Perú que, en coordinación con el Ministerio de Defensa, han trabajado para que los efectivos de las Fuerzas Armadas apoyen y actúen de la mano de la Policía Nacional de Perú (PNP).

Según el ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas han trabajado en apoyo a los cuerpos de la Policía Nacional de Perú en el corte de la carretera Panamericana Sur de la provincia Ica, en el corte de carreteras en el departamento de la Libertad y en los enfrentamientos con manifestantes en Arequipa y Andahuaylas.

Del mismo modo, Otárola anunció en la sesión plenaria la muerte de un nuevo manifestante en Arequipa, el tercer muerto confirmado por fuentes oficiales durante estas jornadas de protestas que alteran principalmente el sur del país.

Otárola afirmó que «todo hace indicar» que las protestas surgidas en Andahuaylas tienen un origen «espontáneo» de una protesta ciudadana, pero consideró que también hay «movimientos oscuros» como el narcotráfico o la minería ilegal.

Por ello, el ministró de Defensa dijo que es necesario que las autoridades corten «el cordón umbilical» que une «las acciones políticas con el financiamiento ilegal de estas acciones».

Cortes en carreteras de todo Perú

Al menos 25 puntos de la red de carreteras peruanas, entre ellas las panamericanas Sur y Norte, fueron cortados este lunes por manifestantes que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso con la quema de ruedas y contenedores, informó la Policía Nacional.

El punto donde se han registrado protestas más numerosas es la localidad de Chala, en la región sureña de Arequipa -una de las cunas de la minería peruana-, donde cerca de 4.000 personas participan en una protesta que fue de las primeras en comenzar en todo el país.

Las regiones del sur de Perú, regiones donde el expresidente Pedro Castillo tiene más apoyo, suman la mayoría de los cortes de la red de carretas, principalmente en los departamentos de Arequipa, donde los manifestantes también tomaron el aeropuerto internacional, y Cuzco.

En el norte del país, la Policía Nacional de Perú (PNP) solo ha registrado cortes de carreteras en la provincia costera de Trujillo, donde una centena de pobladores de la región de Viru han cortado la Panamericana Norte en los kilómetros 503 y 512 para pedir la liberación de Castillo.

Los cuerpos policiales han contado al menos seis puntos cortados en Arequipa, los mismos que en Cuzco y dos más que en la costera provincia de Ica.

Otras provincias del sur e interior del país como Puno, Abancay, Uyacali y Tacna también han sufrido cortes de carreteras por parte de los manifestantes.

En total, la Policía peruana cuenta que más de 6.000 manifestantes contra el Gobierno de Dina Boluarte son los causantes de los cortes de carreteras que afectan a miles de conductores.

El Gobierno envía al Congreso el proyecto de adelanto de elecciones

El Gobierno de Perú formalizó ante el Congreso un proyecto de ley que plantea el adelanto de las elecciones generales en el país para abril de 2024, que fue entregado con las firmas de la presidenta Dina Boluarte y su primer ministro, Pedro Angulo, en medio de la grave crisis política y social que afronta el país andino.

«El contexto actual de crisis política y social no es menos diferente que las situaciones que motivaron en el pasado la formulación de una propuesta que implique el adelanto de las elecciones generales para el recorte de mandato», sostiene el proyecto en sus fundamentos.

La norma, que ya fue anunciada por Boluarte pasada la medianoche de este lunes, propone una «reforma constitucional, que modifica el mandato de la presidenta de la República, de las y los congresistas y representantes ante el Parlamento Andino, y establece el adelanto de elecciones generales para el año 2024».

Su entrega formal fue confirmada este lunes por el ministro de Defensa, Alberto Otárola, durante una presentación ante el pleno del Congreso a la que acudió junto al ministro del Interior y del primer ministro para dar los detalles de las manifestaciones violentas que se reproducen en el interior del país desde el domingo.

En el proyecto se incorpora una disposición transitoria que indica que, ante su carácter excepcional, ya que el actual mandato debe terminar en julio de 2026, «no son de aplicación» para las actuales autoridades electas los plazos establecidos en los artículos 90 y 112 de la Constitución peruana, que establecen un permanencia en sus cargos durante cinco años.

Detalla que la propuesta para que los comicios sean en abril de 2024 está «vinculada con el cierre del padrón electoral», que debe realizarse un año antes, el mismo plazo límite en que las leyes establecen para hacer reformas legales.

Las denuncias contra Castillo

La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó este lunes ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y tres de sus ministros, por la presunta comisión de delitos como rebelión, conspiración y otros.

El documento, al que tuvo acceso EFE, señala a Castillo como «presunto coautor del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Rebelión» y, «alternativamente, por el delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional- Conspiración».

Además, acusa al exmandatario, actualmente detenido, como presunto autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, y de los delitos contra la tranquilidad pública y contra la paz pública, en la modalidad de grave perturbación de la tranquilidad pública.

La denuncia detalla que el anuncio de Castillo de disolver el Congreso el pasado miércoles supuso «un acto arbitrario» que contraviene lo establecido en el artículo 118 de la Constitución.

También, que su intención de reorganizar el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, atenta contra la autonomía de las citadas entidades.

«Cabe indicar que, esta conducta tendría como finalidad evitar las investigaciones por corrupción seguidas contra José Pedro Castillo Terrones, así como el procedimiento de vacancia presidencial, lo cual evidenciaría el uso abusivo de sus facultades constitucionales para obtener impunidad», señala el documento.

Además, la fiscal denunció a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, al exministro del Interior Willly Huerta y al exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez como presuntos coautores de los delitos contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional en la modalidad de rebelión y conspiración. (EFE)