Barren con casi toda la Dirección de Migración en Pando por corrupción
La Dirección General de Migración desmanteló una presunta red de corrupción en la administración Distrital de Migración de Pando, donde los ahora exfuncionarios cometían “tráfico de personas” con extranjeros indocumentados que llegaban hasta la ciudad fronteriza de Cobija y eran trasladados “hasta una ciudad capital”. Por este hecho son siete personas, en total, que son investigadas y procesadas por la Fiscalía.
“Se ha logrado evidenciar este flujo irregular desde una ciudad fronteriza hasta una ciudad capital (…) La denuncia es por tráfico de personas, porque el actuar que realizaban estos servidores públicos en el ejercicio de sus funciones era para beneficiar al traslado irregular de personas migrantes extranjeras, beneficiando a terceros que lucran con esto”, informó ayer la responsable de la Dirección General de Migración, Katherine Calderón.
Estas irregularidades involucran a cinco servidores públicos de la administración departamental de Migración de Pando, quienes ya fueron destituidos. Según la lista de personal dependiente de esa entidad, en esa oficina regional trabajan seis personas.
Por la información que brindó la funcionaria, hasta la fecha cinco personas fueron aprehendidas y detenidas. Entre ellas están dos hombres que se encargaban del traslado de los migrantes extranjeros en La Paz y tres funcionarios, como el responsable de Migración de Pando. Además existen dos órdenes de aprehensión contra otros dos exfuncionarios de esa dependencia estatal.
El 23 de abril, inspectores de la ciudad de El Alto y la Policía Boliviana interceptaron un vehículo que llevaba cinco personas que eran migrantes irregulares o indocumentados. El hecho encendió las alarmas, lo que dio inicio a una investigación de la Dirección General de Migración, el Ministerio Público y la Policía.
Calderón dijo que en esa etapa inicial de la investigación “se ha logrado establecer vínculos con personas que cumplían funciones como servidores públicos (…) en la administración departamental de Migración de Pando”.
Es así que el 23 de abril, según reporte de la autoridad, se aprehendió a Erwin Quispe Valda y Marco Antonio Valda Choque. Esas personas fueron identificadas como las que trasladaban al grupo de migrantes indocumentados. Tras su aprehensión, ambas personas fueron cauteladas y enviadas a la cárcel con detención preventiva por tres meses.
La Dirección General de Migración aclaró en un comunicado que los dos primeros procesados, que se dedicaban a trasladar a migrantes indocumentados del Aeropuerto Internacional de El Alto hasta la frontera, “nunca fueron servidores públicos dependientes de esta Dirección General”.
Diez días después, el 3 de mayo de este año, el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra de Katia Aguilar Fiorilo. La mujer era funcionaria de Migración y tenía el cargo de encargada de Inspectoría y Arraigos de Migración Pando.
El 4 de mayo la Policía ejecutó la orden, aprehendiendo a la exfuncionaria en Cobija. Ésta fue trasladada a la ciudad de La Paz, donde se realiza actualmente la investigación del delito de tráfico de personas. “Al estar a disposición de un juez cautelar, esta autoridad determinó la detención preventiva en el penal de Obrajes por tres meses”, detalló la funcionaria de Migración.
El último paso que se dio en estas investigaciones fue la aprehensión de Carlos Fuchnert Maradey, quien hasta ayer era el responsable distrital de Migración de Pando, y Guadalupe Ejuro Rejas, también hasta ayer exencargada de Extranjería y Filiación Pando. Las dos personas fueron trasladadas en avión a la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz.
Apenas llegaron los llevaron hasta el Ministerio Público de El Alto. Allí los implicados dieron su declaración informativa hasta la noche de ayer.
Pero también hay otras dos órdenes de aprehensión en contra de dos exfuncionarios. Son Fabiola Limpias Capobianco y Guido Rodolfo Zabala Vaca, quienes eran los inspectores de Migración Pando.
Sobre estos dos exfuncionarios, Calderón dijo que se solicitará que se los declare en rebeldía, ya que las autoridades no lograron la respectiva aprehensión. Agregó que esperan dar pronto con su paradero para que sean procesados.
El diputado pandino de Creemos Sergio Maniguary observó que en este proceso caigan y sean procesados funcionarios de bajo rango que sólo cumplen órdenes de funcionarios de rangos superiores. Pidió al Ministerio de Gobierno que “haga bien las cosas”. “Siempre van al gajo más débil, agarran a los funcionarios, pero los verdaderos organizadores, los causantes de estos daños son los grandes y no los chicos, que son manejados a fuerza por algunas autoridades nacionales (…) Si existen autoridades nacionales involucradas exigimos que se anuncie”, dijo. (Página Siete)
