Comandante de Policía dispone cambios de destinos a miembros del tribunal Disciplinario
El comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, dispuso el cambio de destinos del presidente del Tribunal Disciplinario de esa institución, Víctor Hugo Soria, y del fiscal departamental policial de La Paz, Justiniano Álvarez. La decisión se dio en medio de denuncias de persecución del Gobierno a los uniformados y cuando hasta ayer logró que se acuse a ocho policías (cuatro coroneles y cuatro subalternos) por el amotinamiento de 2019.
Las representantes de las esposas de los policías en Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz advierten que el Gobierno persigue a los uniformados para encubrir el robo de armas y la quema de unidades policiales ese año, y así proteger a los grupos violentos que buscaban el enfrentamiento con quienes denunciaban el fraude electoral.
“Al contrario, deberían premiarlos por impedir que en las ciudades haya un derramamiento de sangre, que es lo que buscaban los masistas”, sostuvo una de las esposas, que pidió mantener en reserva su identidad para evitar represalias.
“El cambio se debe a que fueron denunciados, están investigados y existe la susceptibilidad de que el presidente del Tribunal Disciplinario (Soria) pudiera ejercitar influencia en el proceso que se sigue en su contra. Para garantizar transparencia e idoneidad (junto a Álvarez) se les asignará a otros puestos”, confirmó el comandante Aguilera.
Según los datos recolectados por Página Siete, en Santa Cruz se acusó a dos suboficiales y a un coronel; en La Paz a dos coroneles y un suboficial; en Cochabamba a un coronel; y en Sucre a la sargento Cecilia Calani Tangara, exdirigente nacional de la Asociación de Sargentos, Cabos y Policías (Annsclapol).
Su abogado, Freddy Paita, dijo que es el segundo proceso en su contra y que en el primero fue sobreseída. Anunció la presentación de un amparo constitucional.
De acuerdo con fuentes oficiales, Soria solicitó vacaciones y desde el Comando se designó de forma interina en su lugar a Juan Frías, con el fin de evitar la paralización de los procesos judiciales internos, entre ellos los del motín policial, caso en el que Soria es uno de los 26 denunciados por el viceministro de Descolonización, Pelagio Condori.
