Remezón en Argentina: piden 12 años de prisión para Cristina por corrupción
Cristina Kirchner es acusada junto a otras 12 personas de supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur) para favorecer al empresario Lázaro Báez.
La Fiscalía argentina pidió ayer una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner por supuesta corrupción en la licitación de obras cuando fue mandataria (2007-2015), una acusación que sus seguidores consideran una persecución.
Kirchner, acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que el veredicto se decidirá a fin de año.
Para que una sentencia sea ejecutada tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, aún si es condenada, Kirchner seguiría en libertad y podría incluso ser candidata en las elecciones presidenciales y legislativas de 2023.
La Vicepresidenta luego de conocer el pedido del fiscal Diego Luciani fustigó la decision judicial en redes.“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019”, escribió la autoridad en su perfil de Twitter.
La Presidencia argentina también emitió un comunicado de repudio. “El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”, señaló el texto. “Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal moderno”, añadió.
Acusación
Kirchner es acusada junto a otras 12 personas por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes. En total, la Fiscalía solicitó el decomiso de 1.000 millones de dólares, suma que consideró equivalente a la supuesta defraudación y que de ser ratificado por los jueces deberá pagarse de manera solidaria y proporcional entre los 13 acusados.
Los pedidos de condena oscilaron entre los dos y los 12 años de prisión. La suma de las penas máximas para esos delitos es de 16 años. Ésta fue la novena y última audiencia de alegatos de la Fiscalía, realizada de forma remota. Según el fiscal Sergio Mola, en esta causa “hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones en 12 años”.
El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. “No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho”, aseveró el fiscal en su alegato final.
La causa abarca también el período de gobierno anterior de 2003-2007, cuando fue presidente su esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
Kirchner, de 69 años y abogada de profesión, pidió una ampliación de su declaración indagatoria para hoy martes, al sostener que “en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, según escribió en Twitter.
Pero esa posibilidad fue negada por el tribunal, que consideró que sus abogados podrán extenderse durante la próxima etapa de alegatos de la defensa, a partir del 5 de septiembre. Anteriormente, Kirchner había solicitado la recusación de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como del fiscal Luciani, pero ese pedido fue desestimado.
En caso de que fuera condenada, la Vicepresidenta, quien en principio goza de fueros hasta diciembre de 2023, tendrá el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.
Preguntas incómodas
El día en que se sentó ante el tribunal, Cristina Kirchner se bajó intempestivamente del estrado después de disparar acusaciones durante tres horas a quienes conducen el proceso. Los jueces interrumpieron su paso para consultarle si aceptaría ser interrogada. “¿Responder preguntas? preguntas tienen que contestar a ustedes”, les espetó. según un análisis de La Nación.
Aquel 2 de diciembre de 2019, días después de arrasar en las elecciones presidenciales con Fernández como mascarón de proa, se sentía eximida de dar explicaciones no sólo a los jueces, sino también a la sociedad.
En esa tozudez radica la fragilidad de sus argumentos.
Cristina ha sido incapaz de responder un interrogante de sentido común: ¿cómo explica que Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner, pasara de empleado bancario a máximo contratista de la obra pública en Santa Cruz con una empresa que fundó días antes del inicio del primer gobierno kirchnerista? Y, a continuación: ¿por qué siguieron haciendo negocios privados con él mientras ganaba licitaciones multimillonarias del Estado?
Desde 2019 machaca con eso de que “la condena ya la tienen escrita”. Pero el fiscal la descolocó con pruebas que no esperaba, como los chats de José López, y con una capacidad que no le atribuía para dominar durante tres semanas la agenda pública de Argentina. López era el jerarca de la obra pública 12 años al que detuvieron en 2016 arrojando bolsos con millones de dólares en un convento. (Pagina Siete)
