Sociedad Boliviana de Historia pide al Gobierno parar intervención al Instituto de Arqueología
La Sociedad Boliviana de Historia pidió a la presidenta del Estado Jeanine Añez, detener la intervención que se viene realizando por parte del Ministerio de Educación al Instituto Nacional de Arqueología, así como designar en la dirección del museo Tiwanaku a una persona proba.
Los miembros de la Sociedad, conformada por investigadores nacionales y extranjeros, especialistas en diferentes etapas de la historia boliviana, ven con profunda preocupación “medidas que está tomando su gobierno en detrimento de la institucionalidad cultural”.
“Le solicitamos que instruya al Ministro de Educación, don Víctor Hugo Cárdenas, hasta ahora considerado un brillante representante de la intelectualidad aymara, deje sin efecto la medida (de intervención), se nombre un profesional idóneo para el cargo de Director del Museo y se estudie la dotación de mayores recursos para el funcionamiento del principal Museo de Arqueología de nuestro país”, señala la carta dirigida a la Jefa de Estado.
La Sociedad indica que, si ya se ha considerado un error bajar de rango a la cultura al eliminar el Ministerio del ramo, “es también un error privilegiar compromisos políticos y religiosos a la necesaria profesionalización de la gestión cultural”.
Lamenta que parte de todo ese material científico que se encuentra en el edificio del Museo, por inadmisibles órdenes del Ministerio de Educación ha sido intervenido sin previo inventario, y que con el pretexto de despedir a los funcionarios que allí trabajaban, “se ha dejado el sitio en un preocupante desamparo”.
Su preocupación también se debe a cómo se ha nombrado a una persona que no tiene ninguna vinculación con la investigación arqueológica e histórica como Director del Museo, cuando la tradición ha sido desde hace 70 años, que esa institución sea dirigida por especialistas en el tema.
“También deseamos recordar aquí que una autoridad de museo no capacitada puede incurrir en incumplimiento de deberes, y que según el artículo 223 de la Código Penal, ‘el que destruyere, deteriorare, sustrajere o exportare un bien perteneciente al dominio público, una fuente de riqueza, monumentos u objetos del patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años’”, se lee en parte de la carta.
La Sociedad Boliviana de Historia publicó este viernes un pronunciamiento, luego de haber remitido dos comunicaciones a la presidenta Añez, pidiéndole una respuesta a la misiva remitida el 22 de julio.
“Entendemos que en la situación actual hay muchos asuntos urgentes que atender, pero ello no puede implicar la ausencia de respuestas a preocupaciones legítimas relacionadas con algo de lo que depende el futuro del país, su identidad, un patrimonio que ha sobrevivido durante muchos siglos y que no nos pertenece en exclusiva”, refiere. )Página Siete)
