66 áreas mineras en la cuenca del Piraí amenazan zona de recarga de agua para Santa Cruz
Hace dos años que María Binda Gutiérrez, una agricultora de 43 años, trajina en trámites y gestiones para evitar que una concesionaria minera la expulse de su tierra en el municipio de El Torno, en Santa Cruz. Ella es la única que ha reportado este atropello, aunque la cuenca del río Piraí tiene registradas 66 áreas mineras.
“Las áreas mineras de la provincia Andrés Ibáñez involucran al municipio de El Torno, Porongo y Buena Vista. Están bordeando la zona del Piraí, Surutú y demás ríos, y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró”, dice Sofía Balcázar, investigadora del área de Monitoreo Socioambiental de Probioma.
A mediados de febrero, los habitantes del municipio de El Torno bloquearon la antigua carretera a Cochabamba por sentir que la amenaza a María Binda, de la comunidad Forestal Playón, podría afectar negativamente a sus tierras de cultivo y a sus fuentes de provisión de agua.
La protesta rechazó el ingreso de Molly Margarita Saldaña Araujo, titular de la concesión minera, para explotar piedra caliza en la zona alta de Espejos, un área con cascadas y pozas de agua naturales. El paraje minero tiene nueve cuadrículas, cada una de 25 hectáreas, para explotar piedra caliza a cielo abierto.
El área sólo es accesible atravesando los terrenos de María Binda, y por eso la inversionista apareció por primera vez hace dos años con la oferta de comprarle la tierra.
“Yo le dije que mi terreno no estaba en venta. Ella me leyó unos artículos, leyes de minería, y me dijo que, de todas maneras, si yo no se lo vendía, el Gobierno me lo iba a expropiar”, recuerda María Binda.
Entonces comenzó su trajín por oficinas de la Alcaldía de El Torno, de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y, en los últimos días, de la Fiscalía de Santa Cruz, donde Molly Saldaña Araujo abrió un proceso penal contra el dirigente de la subcentral campesina.
Sofía Balcázar explica: “La normativa establece que, si la persona no llega a un acuerdo para una servidumbre de paso o la venta del terreno, interviene la autoridad para, más o menos, obligarla”.
La concesionaria Saldaña dio otro paso más: abrió proceso penal contra el secretario general de la Subcentral Forestal, Milton Cortez, representante de 13 sindicatos y dos barrios urbanos en El Torno, por el delito de contribuciones y ventajas ilegítimas.
Página Siete se contactó con la empresaria Saldaña Araujo para consultarle sobre estos hechos. Saldaña explicó que hablaría con su asesor y éste se excusó y prometió una entrevista para la próxima semana.
Luego de dos reuniones frustradas para inspeccionar el área de la concesión, Milton Cortez fue notificado con el proceso penal. “Antes de la fecha (de la tercera audiencia), me enteré que yo tenía una denuncia penal por la empresa. Igual le llegó una citación a la dueña del terreno, María Binda, y al Alcalde para que vayan a declarar. Por eso decidimos bloquear la carretera”, cuenta el dirigente.
66 áreas mineras
“Ni siquiera ha presentado un informe de su licencia ambiental al gobierno municipal. No sabemos (el contenido de) su plan de mitigación y prevención ni de su plan de aplicación y seguimiento ambiental, que corresponde a la categoría 3”, dice Edison Rodríguez, responsable de la Unidad Ambiental en El Torno.
La concesión Farah, en manos de Molly Saldaña, está en la categoría 3 del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (DS 3856), lo que significa una actividad exonerada de presentar estudio de impacto ambiental y de hacer una consulta pública.
Pero el Gobierno Municipal de El Torno no tiene información sobre ésa y otras autorizaciones transitorias especiales, antes llamadas concesiones mineras, presentes en su jurisdicción.
“Son más de 65 concesiones, algunas en etapa de adecuación a la nueva normativa… Están ubicadas en todo el lecho del río, se blindan a través de la AJAM y dicen tener derechos mineros”, explica Wilson Yelman Sanchez, el encargado de Áridos del municipio.
Página Siete tuvo acceso a un reporte de la AJAM, de octubre de 2021, en el que se detallan 66 áreas mineras en los municipios de El Torno, La Guardia y Porongo que forman parte de la cuenca del río Piraí: 40 autorizaciones transitorias especiales, y el resto en distinto estado de trámite (contrato, licencia de prospección y exploración, áreas en trámite administrativo, áreas reservadas, áreas inmovilizadas).
Entre los titulares de esas áreas mineras están, junto con Molly Saldaña y su pariente Saúl Saldaña, varias cooperativas y asociaciones de extractores de ripio. Además, están las empresas Soboce SA, Sermisud SA, Inversiones Sucre SA, Gladymar SA, Relema SRL, Cooperativa de Ripieros Rancho Chico, Ricardo David Miranda Herrera, Marco Luciano Medinaceli Rico y Agregados Vargas, entre los más significativos.
Consultada sobre esas autorizaciones en la cuenca del Piraí, la AJAM no respondió al pedido de entrevista de Página Siete, tampoco lo hizo la Gobernación cruceña desde sus unidades de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, y Energías, Minas e Hidrocarburos.
“No iniciaron su actividad. Las tienen sus concesiones, pagan su patente a la AJAM y las mantienen ahí”, dice Sánchez. Los funcionarios sólo conocen a un empresario que tiene una chancadora dentro del lecho del río y tienen problemas para hacer que cumpla los requisitos de funcionamiento y pago de patentes.
A falta de información sobre los parajes mineros, los funcionarios optaron por comprarla de la AJAM. Sánchez continúa: “Hay concesiones que son demasiado extensas, tienen entre 36 y 60 cuadrículas, están ubicadas todas en el lecho del río y parte del cerro, por donde baja el agua”.
Zona de recarga de agua
Los funcionarios del municipio consideran que, de comenzar la actividad minera, incluso con una única operación, ésta tendrá un serio impacto en la provisión de agua para la región metropolitana cruceña: la capital y ciudades intermedias.
El área de los parajes mineros “es un lugar que, por factores climatológicos, topográficos, geológicos, hace que las aguas de lluvia se infiltren más rápido en las capas de suelo y subsuelo y lleguen de la cuenca alta a la cuenca baja”, explica Edison Rodríguez.
Esos datos están recogidos en un estudio de Periagua, de 2018, que señala a la zona de El Torno y La Guardia como uno de los orígenes del agua para consumo de la región metropolitana de Santa Cruz, que a su vez la obtiene vía perforación de pozos.
El estudio detectó agua subterránea con una antigüedad de entre 60 y 2.000 años en esta zona, y verificó que su trayecto es hacia la cuenca baja donde están Santa Cruz, Porongo y Cotoca. Los otros dos orígenes del agua para consumo de la región son infiltraciones en el mismo Parque Amboró y el cauce activo del río Piraí.
En criterio de Sofía Balcázar, de Probioma, “se entregan áreas mineras sin considerar si están en territorios indígenas, áreas protegidas, nacientes de agua. Y ello es porque se pone, por encina de las consideraciones ambientales y sociales, el derecho minero”.
No tienen derechos
María Binda llegó a estar tan presionada que soltaba el llanto cuando acudía a pedir información, orientación o ayuda a cualquier institución. Pensó en ceder y vender sus 29,5 hectáreas a Molly Saldaña “para no perderlo todo”, pero para entonces había logrado el apoyo de sus dirigentes y de sus vecinos en la comunidad.
Molly Saldaña “vino a mi casa a decirme que tenía 50.000 dólares y que el resto me iba a pagar después. Ahí le dije que no, que no iba a traicionar a mi comunidad. No quiero ver destruido todo mi bosque”, dice María Binda. Y ahora no se trata de una persona sino de una población que se opone a la apertura de la actividad minera en defensa de una zona repleta de quebradas, arroyos, vertientes y bosque, aunque también, en los últimos años, de pequeños cultivos agroforestales.
María Binda se enteró de que la AJAM ha convocado a Molly Saldaña Araujo a una inspección de reversión de derechos mineros para el próximo 16 de marzo. Está entusiasmada porque piensa que por fin podrá retomar sus actividades diarias sin sobresaltos. (Página Siete)
