Cruz cumple 3 años de interinato, calló en 10 hechos que afectaban al MAS

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, cumple tres años de interinato en la institución. Exdefensoras y Especialistas en derechos humanos observan su gestión en el cargo y señalaron que mostró su “parcialidad” con el Movimiento Al Socialismo (MAS) al callar en al menos 10 hechos claves que afectaban a ese partido.

Los hechos identificados son: los excesos de la Policía contra manifestantes en octubre de 2019, la muerte de dos cívicos en Montero, el deceso de Limbert Guzmán en Cochabamba, la muerte de Julio Llanos, el ataque en Vila Vila, la arremetida con armas en Playa Verde, la quema de recintos policiales y la muerte del sargento Alcón, la quema de viviendas, los bloqueos que impidieron el paso de oxígeno en 2020 y el caso Las Londras.

Después de la renuncia de David Tezanos al cargo de defensor, la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa designó el 30 de enero del 2019 a Cruz como transitoria en el cargo.

Hasta la fecha, la defensora rompió récords de interinatos, puesto que el  más largo en la institución duró un año y cinco meses. Además, está en el cargo más tiempo del que establece la Ley del Funcionario Público.

“Funcionarios interinos son aquellos que, de manera provisional y por un plazo máximo e improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera, conforme al presente estatuto y disposiciones reglamentarias”, detalla el artículo 5 de la norma.

Cruz superó incluso el tiempo que Tezanos permaneció como defensor, dos años y ocho meses. A su vez, el 13 de mayo se cumplirán seis años desde la última designación de un titular de la Defensoría, tiempo máximo permitido por la Constitución.

La exdenfensora Carmen Ruiz manifestó que Cruz dejó en claro su postura militante con el MAS. Añadió que esto no debió pasar, porque puso en duda su misión a cargo de la institución, al no pronunciarse sobre hechos que involucran a masistas.

“Nadia Cruz primero mostró su adhesión incondicional a un proyecto político y, segundo, porque no se cumple la ley (en el tiempo de su interinato). En su militancia ella ha priorizado los intereses del partido, está claro que no actuó en los momentos que tuvo que actuar”, explicó.

La extitular de la entidad defensorial Rielma Mencias dijo que la defensora no tuvo prudencia al pronunciarse sobre algunos temas que pusieron en duda su imparcialidad, es por lo cual es observada.

“La Defensoría ha dejado de tener un papel preponderante en la actividad institucional, creo a los gobiernos les interesa que tenga esa actividad (no relevante). (…) Quien ocupa el cargo de defensor tiene que ser la prudencia, porque su labor es observada por la ciudadanía y objetada por el gobierno”, indicó.

Página Siete se contactó con la unidad de comunicación de la Defensoría para tener la contraparte de Cruz. Sin embargo, la respuesta fue que el tema “carece de objetividad y no merece la respuesta de una autoridad”.

Los hechos clave

Primero, tras las elecciones del 2019, hubo momentos en que policías reprimieron a manifestantes que denunciaban fraude. El 22 de octubre, varias personas resultaron heridas, una de ellas fue una joven de 16 años a la que le dispararon de manera directa una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, lo que le causó fracturas en el cráneo. 

Segundo, con protección de uniformados, grupos del MAS se movilizaron, lanzando dinamitas y salían a desbloquear con violencia. El 29 de octubre de 2019, Julio Llanos, sobreviviente de las dictaduras, fue golpeado cuando una manifestación de mineros y campesinos transitaba por El Prado de La Paz. Falleció el 28 de noviembre.

Tercero, el 30 de octubre se registró la muerte de dos cívicos en Montero (Santa Cruz), las familias apuntan a militantes del partido de gobierno.

Cuarto, el 6 de noviembre Limbert Guzmán, en Cochabamba, falleció producto de una golpiza -se denunció- de afines al MAS.

Quinto, el 9 de noviembre de 2019, una caravana de cívicos, universitarios y activistas, que partió de Chuquisaca, sufrió un ataque en Vila Vila. En esa zona, personas ajenas a la comunidad emplearon gases lacrimógenos. Se reportó el intento de quema de dos buses, la toma de 15 rehenes, agresiones físicas y violencia sexual en contra de mujeres.

Sexto, el 10 de noviembre, la denominada “caravana minera” que partió de Potosí a La Paz fue atacada Playa Verde con disparos de armas de fuego. Al menos cinco mineros fueron heridos de bala, “todos de gravedad”.

Séptimo, luego de la renuncia de Evo Morales (10 de noviembre) grupos afines al MAS se movilizaron, además quemaron la casa del exrrector de la UMSA Waldo Albarracín y de la periodista Casimira Lema.

Octavo, el 11 de noviembre de 2019, grupos afines al MAS atacaron recintos policiales, uno de ellos fue el Comando Regional de El Alto, donde el sargento José Alcón fue víctima de una golpiza. Falleció cuatro días después de las agresiones. 

Noveno, la primera semana de agosto del 2020 organizaciones del MAS bloquearon carreteras en la primera ola de la pandemia, acción que según el gobierno transitorio derivó en la muerte de más de 40 personas que estaban en terapia intensiva.

Décimo, el 28 de octubre del 2021 un grupo de policías y periodistas de cinco medios fue emboscado por un grupo irregular armado en Las Londras (Santa Cruz). Fueron retenidos ilegalmente durante siete horas.

En esos hechos no hubo una acción o un pronunciamiento relevante de Cruz. Su postura fue contundente por las muertes de Senkata, en el gobierno transitorio. Su participación fue más activa por los fallecidos en Sacaba. Incluso la defensora fue al cabildo del Chapare, de grupos del MAS, y arengó: “¡Ni olvido ni perdón, justicia!”, el 25 de noviembre del 2019.

El senador del MAS Félix Ajpi, en diciembre del 2021, anunció una convocatoria para elegir nuevo defensor en enero del 2022. Sin embargo, hasta el momento no hay una fecha definida para comenzar el proceso.

El analista Hugo San Martín manifestó que no existe la voluntad política para elegir a una autoridad de la entidad defensorial. Añadió que en caso de que se dé una nueva convocatoria, el partido de gobierno elegirá a una persona que le sea funcional.

“Si hay una elección, será otro militante del MAS porque esto es parte de la cooptación de las instituciones del Estado. No se ve una voluntad política real”, enfatizó.

El jurista y defensor de derechos humanos Marco Mendoza expresó que la población debe ser activa en el proceso de elección del titular de la Defensoría. Esto porque algunos legisladores de oposición mostraron su irresponsabilidad en la sesión para el ascenso de las FFAA.

“Una oposición responsable no viaja los días previos a sus regiones, está presente al momento de la sesión e incluso antes. Pero también la sociedad civil debe reclamar por la institucionalización de la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil paga los platos rotos y debe haber una participación más activa”, dijo.