Abogada articulaba la red de jueces que liberaban asesinos; cayó el tercer juez
Marlene Paco, la abogada que tramitó la detención domiciliaria para el feminicida serial Richad Choque, articulaba una red de jueces que favorecían y liberaban sentenciados por casos de feminicidio, infanticidio, asesinato, violación y narcotráfico, entre otros. Ayer, un tercer juez fue aprehendido por estar involucrado en este tipo de casos.
“La abogada Marlene Paco era quien articulaba este consorcio de abogados y jueces. Según las investigaciones que tenemos hasta el momento, era la cabeza”, dijo a Página Siete una alta autoridad que investiga el caso.
El tercer juez A. A., que fue aprehendido ayer por estar implicado en esta red, estaba a cargo del Juzgado Cuarto de Ejecución Penal del distrito de La Paz. Este operador de justicia presuntamente otorgó detención domiciliaria a Marcelo Alejandro, quien fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto por asesinato.
El fiscal Anticorrupción de La Paz Gustavo Balderrama dijo que la abogada Paco también defendió a Marcelo Alejandro. “Inicialmente, la doctora Paco sí participó en este proceso”, dijo. Indicó que hay otras personas implicadas en el caso. “No queremos dar sus nombres por la misma investigación que estamos realizando”, sostuvo.
Paco y la abogada S. Solari guardan detención preventiva porque -según la Fiscalía- fueron identificadas como parte de un consorcio de jueces y abogados que dejaba en libertad a sentenciados por feminicidio, infanticidio, asesinato y violación.
Se detuvo preventivamente también a otras cuatro personas que formaban parte de la red: el exjuez Primero de Ejecución Penal en La Paz, Rafael Alcón; el exsecretario del Juzgado de Ejecución Penal, Raúl G.; dos trabajadoras sociales del juzgado, Yesica C. y Mary C. C.; y el médico Freddy T.
Balderrama dijo que en el caso del tercer juez, el modus operandi era el mismo: se usaba un certificado médico que decía enfermedades incurables para dar detención domiciliaria a un sentenciado.
Por eso, se procedió al registro de las oficinas y se logró secuestrar el cuaderno de control jurisdiccional que permite establecer que la Resolución 03/2014 del juez A. A. “es prevaricadora porque en ese año emitió esa resolución dando detención domiciliaria a este privado de libertad que tenía 30 años de presidio”.
Se investiga ahora al juez por la comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados.
“Continuaremos con las investigaciones para determinar cuántas personas más habrían obtenido su detención domiciliaria pese a estar condenadas a 30 años de prisión sin derecho a indulto”, dijo el fiscal.
Hasta la fecha, Alejandro no fue recapturado. “Estamos revisando los antecedentes para dar con esta persona. Entendemos que los asignados al caso están llevando los actos investigativos con referencia a esta persona”, indicó. Dijo que se tomará la declaración del acusado en las próximas horas.
El segundo juez involucrado en favorecer a los defendidos de la abogada Paco es José Ayaviri, según las autoridades. Este funcionario dirigía el Juzgado Tercero de Ejecución Penal y que en 2020 fue procesado, pero aparentemente no se avanzó.
“El juez Ayaviri era la última autoridad y quien revocaba el mandamiento de sentencia de los privados de libertad”, dijo la fuente de Página Siete.
El Ministerio Público verificará el proceso de Ayaviri y advirtió que si se encuentran irregularidades, el fiscal a cargo también será investigado.
El primer juez vinculado a la red articulada por la abogada Paco es Rafael Alcón, quien actualmente guarda detención preventiva por favorecer a cuatro sentenciados a 30 años de prisión por feminicidio, asesinato, violación y narcotráfico.
Ayer, el director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, Roberto Almendras, dijo que luego de concluir con la revisión de los casos con sentencias condenatorias ejecutoriadas en los Juzgados de Ejecución Penal del Tribunal de Justicia de La Paz, se notaron irregularidades de algunos jueces, en el otorgamiento de beneficios, como la detención domiciliaria a sentenciados con la pena máxima.
